La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.
Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, como que la persona a extraditar sea acusada de un delito punible en México y que se presente la documentación necesaria que acredite su identidad y los delitos por los que se le acusa.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla typical goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
R: La persona debe ser acusada de un delito en el país que solicita la extradición, y ese delito debe estar contemplado en la ley mexicana. También debe ser ciudadano del país que solicita la extradición o haber cometido el delito en ese país.
En segundo lugar, se realiza un amplio recuento histórico de las conferencias y convenciones internacionales en materia de extradición o relacionadas con el tema, celebradas durante los siglos XIX y XX, tanto a nivel mundial como a nivel regional, resaltando los esfuerzos realizados en el continente americano para lograr la sistematización de las normas que regulan el procedimiento de extradición.
La extradición en México es el procedimiento mediante el cual un país solicita a México la entrega de una persona que se encuentra en territorio mexicano para ser juzgada o cumplir una condena en el país solicitante.
El proceso de extradición puede variar en duración dependiendo de la complejidad del caso y de los procedimientos legales de cada país. En general, puede tardar desde unos pocos meses hasta varios años.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los Extradición México Bélgica tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.
six. Un delito será motivo de extradición aun cuando la conducta en que la Parte Requirente foundation su solicitud haya o no ocurrido dentro del territorio bajo su jurisdicción.
Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que Source los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de navigate here extradición.
Si se determina que la solicitud es válida, se lleva a cabo un proceso authorized para determinar si la persona debe ser entregada al país solicitante.
Por su parte, sobre los tratados, Estarellas comenta que la firma de estos ha sido vista siempre como una medida “de acuerdos de voluntad entre Estados con la finalidad de atacar a delincuentes que creen que porque se van del país ya no tienen que cumplir con los delitos que han cometido”.
Sin embargo, este acceso constante a la tecnología también puede dejar a los usuarios vulnerables a diferentes tipos de fraude y estafas.